Mientras que la tendencia global a favor de la despenalización del cannabis crece, se afianza y dirige sus esfuerzos en una dirección clara, el gobierno español decide caminar hacia atrás, como los cangrejos, e introduce reformas legislativas que hacen peligrar los avances conseguidos durante las últimas dos décadas. Eso vaticina un aumento de las ofensivas contra los consumidores de la planta y el sector del cannabis en los próximos meses.
Con la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, el pasado 26 de marzo de este año, se incrementan las multas por consumo, posesión y cultivo de cannabis de forma considerable y excesiva, como denuncian los defensores de su legalización, quienes afirman que se está produciendo una verdadera “campaña” en contra del cannabis en el país.
España se desmarca de la tendencia reguladora mundial a favor del cannabis
Son muchos los países que han decidido cambiar el rumbo y poner en marcha estrategias nuevas con el fin de luchar contra el mercado negro del cannabis y, de paso, sacar provecho de un negocio sumamente rentable. Además, la lucha de las instituciones contra el tráfico y consumo de cannabis siempre ha estado vinculada a la prohibición y a las multas. Pero la tendencia está cambiando.
En el continente americano, Uruguay se convertía en el primer país del mundo en legalizar el mercado y consumo libre de cannabis, lo que ha alentado a otros ocho países vecinos a plantearse nuevas formas de regulación. En los Estados Unidos, recientemente se ha legalizado el consumo recreativo en los estados de Washington, Alaska y Oregón, y se permite el uso medicinal en más de 20 estados.
En Europa, la cosa está más tranquila y la regulación se produce de una forma más moderada. Con Holanda a la cabeza, se suman a la tendencia otros países como Dinamarca, Suiza o el Reino Unido, sin olvidar Portugal, donde la posesión de drogas ya se despenalizó en 2001. Sin embargo, enEspaña no ocurre lo mismo. Aquí los políticos prefieren incrementar las sanciones a las personas que sean descubiertas en la vía pública con un poco de marihuana encima, sin importar en absoluto si está destinada para la venta o para el consumo personal.
Según el último informe mundial sobre las drogas elaborado por la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, actualmente en el mundo hay entre 125 y 227 millones de consumidores de cannabis y sus derivados. El mercado europeo es uno de los principales y España ocupa el tercer puesto en el ranking de consumidores de cannabis europeos, y la primera posición en los que respecta al consumo diario.
¿Será ésta la razón por la que el ejecutivo ha decidido desmarcarse de la tendencia reguladora mundial y endurecer las multas? ¿Se trata de un mero afán recaudatorio? Desde luego, parece que a alguien se le ha ocurrido arruinar a los consumidores de cannabis a base de multas e incautaciones, ya que meterlos en la cárcel no les estaba resultando tan fácil.
La Nueva Ley de Seguridad Ciudadana: un mazazo para el Cannabis
El pasado 26 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la polémicaLey Orgánica de Seguridad Ciudadana, gracias a la mayoría absoluta del PP, el partido gobernante, y en contra del criterio de todos los partidos de la oposición, que han criticado de forma unánime el “estado policial” y el “despotismo” implícito en la ley.
El texto ha salido adelante, después de pasar por el Senado sin pena ni gloria, y ha sido aprobado definitivamente, tras limitarse a incorporar media docena de enmiendas, casi todas meramente cosméticas, de las más de 270 que se presentaron. La nueva norma, que entrará en vigor en julio, pone fin a 16 meses de tramitación de un texto que, según el Ejecutivo, aumenta las libertades y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de ser derogado tan pronto como cambie el Gobierno. Esta ley, popularmente bautizada como Ley Mordaza, prevé sanciones de hasta 600.000 euros para las infracciones consideradas como muy graves y aunque su contenido ha provocado un importante debate centrado en las graves sanciones que se pretende imponer contra determinadas formas de protesta social y otras conductas públicas, hay otro aspecto de la ley que está pasando más desapercibido, las nuevas multas para el cannabis.
En lo que respecta al cannabis, la ley endurece las sanciones por consumo, posesión y cultivo de forma considerable, triplicando la multa mínima (300 euros) por tenencia de estupefacientes en la vía pública, prohibiendo el cultivo doméstico y no permitiendo la posibilidad de presentarse a un programa de rehabilitación en sustitución a la multa.
Los defensores de la legalización del cannabis aseguran que estas multas son excesivas y que la ley deja a criterio de los Cuerpos de Seguridad del Estado muchos aspectos fundamentales. Además, afirman que se está produciendo una verdadera “campaña” contra el cannabis. Ven como peligran los importantes logros conseguidos, dentro de un contexto legal prohibicionista, mediante iniciativas como los Clubes Sociales de Cannabis, que proporcionan un nuevo modelo de abastecimiento al margen del mercado ilegal y que se han convertido en un referente internacional hasta el punto de que se habla del “modelo español”, igual que hasta ahora se hablaba del “modelo holandés”. Pero estos avances, y muchos otros, se encuentran en la cuerda floja y podrían irse al traste.
Clasificación de las infracciones y multas correspondientes
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana supone la derogación de la denominada ‘Ley Corcuera’ de 1992 y pasa de contar con 39 artículos a tener 55. Las multas se dividen según las faltas o infracciones:
– Infracciones muy graves: multas de 30.001 a 600.000 euros
– Infracciones graves: multas de 601 a 30.000 euros
– Infracciones leves: multas de 100 a 1.000 euros
Según ha explicado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, las multas por infracciones muy graves y graves se dividen en tres tramos de igual extensión. Como regla general, se impondrá la multa en grado mínimo; si concurre alguna circunstancia agravante, en grado medio; sólo se impondrá en grado máximo cuando se justifique por el número y entidad de las circunstancias concurrentes.
La futura ley contempla lo siguiente con respecto al cannabis:
- Consumo y posesión: El apartado número 20 establece que “El consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como el abandono de los instrumentos, u otros efectos empleados para ello, en los citados lugares y la tolerancia de dicho consumo en locales o establecimientos públicos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos” será sancionado con un multa mínima que pasa de 300 euros, con la anterior ley, a 601 € y puede llegar hasta 30.000 euros por ser considerada una infracción grave.
- Cultivo: También se encuentra dentro de esta calificación de infracción grave el nuevo apartado 23 en el que se establece una sanción para “La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito”. La cuantía es la misma que en el caso de consumo y posesión. De esta manera, cualquier actividad de cultivo sería, no solo ilegal, sino perseguible por vía administrativa, lo que significa que no habría intervención judicial durante el procedimiento, igual que sucede con las sanciones actuales por tenencia y consumo en lugares públicos.
- Recoge sanciones para los locales que permitan fumar porros.
- Solo permitirá sustituir las multas por un programa de desintoxicación en el caso de que los sancionados sean menores de edad.
La ex directora general del Plan Nacional sobre Drogas Araceli Manjón-Cabeza señalaba en una entrevista al diario El País que “el Gobierno va contracorriente” con esta ley y que “eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara con países como Rusia, donde solo se concibe el consumidor como un delincuente”.
Un porro sale muy caro
Parece ser que el hecho de que el consumo privado sea legal no significa gran cosa. Pueden poner una multa a cualquiera que cultive en su casa una planta de cannabis para consumo propio. Además, aún queda pendiente dilucidar si las autoridades necesitarán una orden judicial para acceder al domicilio o bastará con que un agente de la policía vea la planta desde la calle, en caso de estar en el balcón o ventana. Resulta evidente que será muy difícil que la mayoría de los consumidores de cannabis puedan afrontar la cuantía de estas multas simplemente rascándose el bolsillo.
Pero aún hay más. En los planes del ejecutivo también entra la intención de modificar la Ley de Tráfico para sancionar a los conductores que den positivo en el test de drogas, no importa que hayas consumido más o menos, que seas o no fumador pasivo, porque la más mínima sustancia detectada será motivo de multa. Además, los consumidores están completamente a merced del criterio de los agentes de policía que tienen la potestad de decidir, incluso en base a “las pintas”, si una determinada cantidad está destinada para el autoconsumo o para la venta.
Incluso la ONU solicitó a España la retira de la ‘ley mordaza’
La intranquilidad que esta ley ha generado a nivel nacional ha encontrado eco en organismos internacionales como la mismísima ONU, que ha manifestado su preocupación por lo que España está haciendo con los derechos humanos y le ha pedido al gobierno que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.
Esta llamada de atención internacional proviene de un grupo de cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.
Hay que regular lo que ya funciona
De lo que no hay duda es de que han proliferado los clubes y las asociaciones cannábicas que defienden los beneficios del producto, sobre todo a nivel médico. En España, existen más de 700 clubes o asociaciones que engloban a unas 200.000 personas. Sólo se permite la entrada a mayores de edad que ya sean consumidores recomendados por un socio. El número de estos establecimientos ha aumentado sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, donde se ha intentado regular su situación pese a los obstáculos a los que se siguen enfrentando.
Obstáculos que aumentan con la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que ha creado un gran revuelo en el sector, desde el que se cree firmemente que la ley nace con un espíritu meramente recaudatorio. La opinión general es que ni existía necesidad a nivel social de tomar este tipo de medidas regulatorias, ni la ley atiende a la realidad social actual en la que el consumo de cannabis no crea alarma y se encuentra normalizado.
Por lo tanto, parece más urgente que nunca conseguir que el parlamento español haga lo que lleva evitando desde la transición democrática:Regular por ley todo lo relacionado con el consumo y cultivo personal de cannabis para que exista un espacio de legalidad al margen del mercado negro. Una regulación clara y eficiente para toda una industria ya existente, que se ha generado alrededor de la planta de cannabis.
Implicaciones de la nueva ley para el cannabis
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana revela un punto de vista represivo sobre el fenómeno de las drogas, que no comparte la mayor parte de sociedad española y que dificulta el que se tomen medidas basadas en la salud pública, los derechos humanos y en las pruebas científicas.
- Los consumidores de cannabis se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y persecución al triplicarse la sanción mínima por consumo o posesión en lugares públicos.
- Al poder optar por no sustituir las multas por un tratamiento de desintoxicación desaparece el enfoque sanitario.
- Se sanciona el auto abastecimiento de cannabis al multar los actos de plantación.
- Se asfixia administrativamente a los clubes sociales de cannabis con el cierre y la retirada de licencia en los locales donde se consuman drogas.
De las más de 300.000 denuncias por posesión y consumo presentadas en España durante 2010, algo más del 83% (aproximadamente 4 de cada 5) estaban relacionadas con el cannabis. Se ha puesto de manifiesto, en diferentes foros científicos y de reflexión sobre las políticas de drogas que, en lo que respecta al cannabis, una legislación tan sancionadora puede terminar produciendo más perjuicios personales, familiares y sociales de los que produce el propio cannabis.
Se avecinan tiempos duros para la droga blanda
Resulta contradictorio que España, ocupando el tercer lugar en el ranking de consumo de cannabis en toda Europa, no siga la corriente reguladora que se está siguiendo a nivel mundial. Esta ley se desmarca totalmente de la tendencia internacional y criminaliza cada vez más al consumidor, imponiendo sanciones que, en la coyuntura económica actual, pueden arruinar la vida a muchísimas personas. La legalización, en comparación, conllevaría muchos más efectos beneficiosos ya que todo lo que se regula se puede controlar, evaluar, e incluso fiscalizar. Todos tenemos derecho a decidir libremente lo que consumimos y la mejor forma de evitar abusos es regular.
El gobierno español se empecina en seguir un camino que no lleva a ningún sitio. Al mismo tiempo que en los países americanos intentan sacar provecho de los recursos naturales de los que disponen, también se reconocen los derechos de los consumidores de cannabis y se resta capacidad de acción a los cárteles. Mientras, en España, el camino elegido por el ejecutivo se dirige al polo opuesto: se recortan los derechos de los consumidores de cannabis y, en lugar de intentar arrebatar al mercado negro el beneficio generado por las ventas, tienen como único objetivo llenar las arcas del Estado con el dinero de aquellos que consumen cannabis.